Desde los 12 años los jóvenes podrían ser privados de su libertad hasta por una década
Agresiva, la nueva ley de justicia para adolescentes; cambia el modelo tutelar
Entra en vigor en mayo; en juicios se garantizarán sus derechos como infantes: Alejandro González
Reducirá las posibilidades de reintegración a la sociedad, serán juzgados y sancionados: Yolanda Martínez
La Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Michoacán recién aprobada por el Congreso Estatal para algunos sectores resulta “agresiva” para la readaptación de los menores, toda vez que tiene el propósito de implementar un sistema integral de justicia penal para jóvenes entre los 12 y los 18 años que hayan cometido una conducta tipificada como delito.
Existen versiones encontradas al respecto, sin embargo, dicha ley entrará en vigor en el mes de mayo próximo. La directora del Albergue Tutelar para Menores, Yolanda Hernández Martínez, considera que la aplicación de dicha ley resultará agresiva para los adolescentes pues considera que las medidas de corrección implementadas por el sistema tutelar han funcionado a lo largo de 38 años en el estado de manera óptima.
Para el magistrado Alejandro González Gómez con la aprobación y aplicación de dicha ley se romperá con un paradigma en el sistema de Justicia con lo que los jóvenes infractores podrán ser sometidos a juicios siempre garantizando sus derechos como infantes.
Por otro lado, la diputada Lucila Arteaga Garibay aseguró que en la elaboración de dicha ley se privilegió la protección integral del interés superior de la infancia y la adolescencia como principio rector garante del derecho frente al poder coactivo del Estado, bajo principios de mínima intervención que permitan establecer un sistema de procuración y de impartición de justicia penal para adolescentes, con órganos, procedimientos y sanciones acordes con las características especiales de los sujetos a quienes se les aplique esta norma.
Ley agresiva
Hernández Martínez aseguró de que la implementación de esta Ley va a ser muy agresiva pues considera se reducirán las probabilidades de que los adolescentes infractores se reintegren a la sociedad debido a que serán juzgados y sancionados con medidas más severas.
“Van a poder ser hasta 10 años privados de la libertad, de que es agresivo, si lo va a ser, porque nosotros tenemos otro tipo de contacto con los chicos, que ha sido benéfico a lo largo de 38 años. Con la entrada en vigor de esta ley uno de los problemas que estamos tratando evitar es que los menores que son tratados actualmente en el albergue se reintegren con sus familias, por lo que vamos a hacer una clasificación y en dado caso de que tengamos menores con medidas tutelares tendremos que tenerlos separados porque nosotros, no creemos que sean malos, sino que los menores que han estado en cárceles o Ceresos, están a la defensiva y tenemos que tener un área para ellos”.
Previo a la aprobación de dicha Ley, cabe destacar que el 25 de agosto de 2005 se reformó el párrafo cuarto y se adicionaron los párrafos quinto y sexto del artículo 18, de la Constitución General de la República, la cual tuvo como finalidad primordial redefinir los sistemas de justicia que se aplican a los menores de edad para sentar las bases que permitan la expedición de una legislación específica en la materia, tanto a nivel local como federal, e implementar un sistema integral de justicia penal para adolescentes.
De la Ley
Esta ley prevé la creación de instituciones y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, así como del personal responsable de aplicar la misma, con la finalidad de que tengan pleno conocimiento sobre los límites que impone la legislación y los mecanismos que les permitan salvaguardar en todo momento los derechos y garantías de los adolescentes.
Se prevé la creación de centros de integración para adolescentes, dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública que, contando con las instalaciones adecuadas, realizará el ingreso, seguimiento, integración y formación de los adolescentes en los tratamientos de régimen cerrado, semiabierto y terapéutico.
Dichos centros serán distintos a los de readaptación social de los adultos, pues contarán con las áreas necesarias para su operación, destinando zonas femeninas y masculinas, de separación y atención por razones de salud física o mental y de seguridad, así como con un área especial para internos mayores de 18 años de edad que estará separada del de los adolescentes.
Con la entrada en vigor se abrogaría la Ley Tutelar para Menores de la entidad. Asimismo, el Ejecutivo estatal y el Consejo del Poder Judicial establecerán programas de capacitación inicial y permanente de los servidores públicos que se especializarán en la procuración y administración de justicia para adolescentes, los cuales ya se están impartiendo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En la ley de referencia quedó plasmada además la utilización de medidas alternativas a la privación de la libertad, la cual queda como último y excepcional recurso, ya que el juez tendrá la facultad de decidir entre diversas medidas para imponer la que garantice mejor integración del adolescente a la sociedad, destacándose el servicio a favor de la comunidad, la libertad vigilada y el internamiento domiciliario.
Sobre este tema también se reformaron los artículos 16 del Código Penal y 262 del Código de Procedimientos Penales del Estado para establecer que son causas de inimputabilidad ser menor de 18 años; el trastorno mental temporal o permanente en el momento de la comisión del hecho, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental, o la sordomudez y la ceguera de nacimiento, cuando haya falta total de instrucción.
También se actualizó lo relativo a la confesión del inculpado; declaración voluntaria hecha por persona mayor de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante el Ministerio Público, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Romper esquemas
El magistrado del STJE, Alejandro González Gómez explicó que con la nueva Ley de Justicia Integral para Adolescentes habrá un cambio radical en el modelo tutelar de carácter asistencionalista (que opera actualmente) el cual implica que a los menores se les reconozca como una persona en formación, inimputable e irresponsable por lo que no puede ser sujeto a un sistema de justicia como el de los adultos.
“Es un proceso de carácter internacional y México se ha visto obligado a transformar el sistema de corte garantista, esto significa e implica un cambio de paradigma que consiste en que se reconoce que los adolescentes son inimputables, pero a diferencia del tutelarismo se considera que los menores ya no sólo deben recibir atención sino que, por su desarrollo, son sujetos de derecho y responsables de sus actos”.
El magistrado aseguró que con el cambio de sistema se pretende lograr la formación de ciudadanos responsables, “no puede tratarse de un sistema represivo, no se trata de eso, porque la propia Constitución en el articulo 18 establece que se va a poder a internar a los adolescentes de los 12 a los 18 años; pero por disposición constitucional la cárcel es el último recurso y sólo podrá aplicarse si el resto de medidas es insuficiente”.
“Cambiarán los procedimientos de los menores en conflictos con la ley penal, este sistema garantista estará a cargo de jueces adscritos y designados por el Poder Judicial del Estado y su función en primer término será velar por el interés superior del menor, se trata de un sistema que se asemeja mucho al sistema penal para adultos pero también difiere sustancialmente y tiene una serie de principios y directivas cuyo objetivo último y fundamental es promover o formar ciudadanos responsables”.
