Justicia social y solidaridad
“La justicia es más bella que la estrella de la mañana
o que el lucero del amanecer”
Aristóteles
La expresión “justicia social” empieza a usarse durante el siglo XIX y se utiliza para referirse a una dimensión más amplia que la de la mera justicia legal, ya que se vale de la idea de la equidad, entendida ésta como la debida proporción en que cada quien debe “recibir lo suyo”. Esta mayor dimensión de la justicia hace responsable de su procuración no sólo a la autoridad que gobierna, sino también, con un papel preponderante, al ciudadano que debe comprometerse con la sociedad. De esta manera se entiende que la justicia legal pierde integralidad si no pondera, en toda su trascendencia social, a la justicia distributiva y conmutativa.
El punto de partida de la justicia social es nada más y nada menos que la preeminencia de la dignidad personal sobre otros valores sociales. Esta dignidad es, precisamente, el fundamento esencial de los tan defendidos y proclamados “derechos humanos”. La justicia social se ubica en la expectativa de los derechos con los que van indisolublemente ligados los deberes sociales. Estos derechos tienen que reconocerse y delimitarse en los preceptos legales, pero esto no basta, ya que no es posible su perfecta definición en la ley. Así, primero se debe aportar lo que nos corresponde en materia de justicia social para luego hacer valer el derecho de recibir lo propio.
La justicia social es la justicia que se hace responsable de garantizar que se respeten y se promuevan los derechos de todas y cada una de las personas que viven en comunidad, de forma especial los de aquellas que sufren marginación y vulnerabilidad, asegurándose que las instituciones públicas y privadas se actualicen constantemente en el cumplimiento de esta tarea. Hablamos de la justicia que le procura a cada quien lo que le corresponde en función de lo que quienes le rodean poseen. Así, se vuelve socialmente injusta la acumulación de una gran cantidad de bienes por parte de personas o pequeños grupos si por otra parte un segmento social no cuenta siquiera con lo mínimo para llevar una vida digna.
Este tipo de injusticia resulta especialmente ejemplificada en nuestro país por la enorme desproporción que existe, en términos generales, entre los que ganamos más y los que ganan menos como retribución por actividades laborales. Esto sucede tanto en el sector público como en el privado. Las diferencias que llegan a existir, en algunas empresas, en sueldo y prestaciones entre un director general y un empleado de intendencia resultan inadmisibles para la justicia social. El sector público tampoco escapa a esta injusta realidad.
De ninguna manera estoy propugnando por el “igualitarismo” que ha llevado al fracaso económico y social a naciones que, con un socialismo demagógico, interpretaron la justicia social simulando sostener que “todos deben ganar más o menos lo mismo”. Desvirtuar la justicia social obligando a que todo mundo tenga el mismo sueldo o retribución económica por su trabajo atenta esencialmente contra uno de los más preciados derechos humanos: la libertad. Pero más allá de esto la historia ha dejado demostrado que esta manera de defender la igualdad entre los seres humanos ha sido un impedimento para el progreso y el desarrollo al constituirse como un obstáculo casi infranqueable para asegurar la productividad económica, pues aniquila el carácter emprendedor, acaba con la creatividad y con la sana competencia, inhibe el deseo de capacitación y de superación. En fin lo que lograron no pocos países con esta ideología fue hacer pobres más o menos a casi todos sus habitantes.
De lo que se trata es de cuidar que la brecha entre los que más ganamos y los que menos no llegue a ser injustamente desproporcional. Por más méritos que tenga nuestro trabajo, como pudiera ser el caso de quienes logramos una representación popular en el gobierno o el de aquellos que con base en su experiencia y preparación alcanzaron un empleo de alta dirigencia empresarial, no conviene ni es justo que haya tanta diferencia. En México la distribución del ingreso se ha polarizado en proporciones peligrosas, pues el 10 por ciento más favorecido percibe 40 por ciento de los ingresos nacionales, mientras que el 20 por ciento menos favorecido recibe sólo 10 por ciento.
La justicia social reclama una distribución equitativa de la riqueza de la nación entre los diversos grupos o estratos sociales. La concentración de los bienes y la acumulación de recursos y oportunidades en segmentos pequeños de la población, cuando un gran porcentaje de la sociedad sufre de grandes penurias, además de ser una injusticia, es fermento para la inestabilidad, la confrontación violenta y la ilegalidad bajo cualquiera de sus formas.
La justicia social no está delimitada geográficamente por las fronteras de los países. Ahí está el ejemplo con Haití en que, en grado variable y en la medida de sus posibilidades, muchas naciones, entre ellas México, se han desprendido de recursos propios, legítimos, para enviarlos a la población caribeña que se encuentra en desgracia.
Si como dijimos el reconocimiento de la dignidad de la persona humana sostiene a la justicia social, es a través de la solidaridad que se manifiesta. La solidaridad es la virtud por lo cual cada ser humano de la mejor de sí para apoyar en su necesidad a otros; es decir, es la virtud por la cual todos nos responsabilizamos por todos, desde el ámbito que nos corresponda, empezando por nuestra primera comunidad que es la familia.
La solidaridad es el rostro social del amor bajo los principios de responsabilidad, cooperación y libertad. La conciencia ciudadana le da vigor y agrega posibilidades al compromiso con los otros, por lo que la solidaridad se debe reforzar a través de una educación ética y cívica. La solidaridad permite repartir las cargas y los beneficios de acuerdo con las posibilidades, en función de las verdaderas necesidades de las personas y de los grupos.
Está por culminar la primera década del siglo XXI, uno de los principales retos que enfrentamos los mexicanos, como sucede en muchas otras partes del mundo, es disminuir la pobreza y atenuar las desigualdades existentes entre diferentes segmentos sociales. La persistencia de grandes desigualdades socioeconómicas no permite el progreso democrático en libertad ni el desenvolvimiento de las potencialidades personales en el desarrollo económico, ni en la formación humana, ni en general en la cultura. La marginación de diversos grupos sociales del progreso y del desarrollo no permite la tranquilidad en el orden ni la consolidación de un sistema político confiable, maduro, incluyente verdaderamente comprometido con la igualdad y con la libertad; es decir, con la democracia.
Por muchos años la justicia social ha sido anhelo del pueblo de México. En este sentido resta mucho por hacer y mucho podemos hacer en lo personal cada uno de nosotros. Principalmente se puede avanzar en cumplir esta expectativa desde las políticas gubernamentales. El problema no es la falta de planes y programas, sino la ineficacia y la ineficiencia debida a múltiples circunstancias sobre todo, lamentablemente, las debidas a la corrupción y a la impunidad, que en última instancia nacen del egoísmo que prevalece, en mayor o menor grado, en muchos de nosotros.
